Por: Claudia Belaunde/FCBC

“Lo hacemos de corazón, por defender la flora y fauna, por conservar el medio ambiente” – Juanito Cuellar, bombero forestal comunitario.

En 2019, los incendios forestales afectaron más de 4 millones de hectáreas de bosque, arbustos y pastizales, incluyendo territorios indígenas, parques nacionales, áreas protegidas departamentales y municipales de Bolivia. En el marco del proyecto ECCOS (Ecorregiones Conectadas Conservadas Sostenibles) proyecto liderado por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano y cofinanciado por la Unión Europea, junto a la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSC) desarrollan capacitaciones en prevención, manejo comunitario y combate del fuego e incendios forestales en comunidades indígenas y campesinas del municipio de Roboré y San José de Chiquitos.

En este sentido, una de las actividades está orientada a fortalecer las capacidades de primera respuesta a incendios forestales en 15 comunidades indígenas y campesinas, en la que bomberos forestales comunales mejoran sus capacidades técnicas y logísticas para brindar la primera respuesta ante la amenaza de incendios forestales en sus territorios.

“Fue un dolor grande ver que se quemaba nuestro bosque, nuestro patrimonio, nuestro pulmón”, dice Cenia Cabellos, comunaria de Santiaguito, una comunidad agropecuaria en el Valle de Tucabaca. A Cenia, ver el fuego y la destrucción que causa fue suficiente y decidió actuar, convirtiéndose en bombera comunitaria forestal.

Cenia Cabellos junto a sus compañeras de Santiaguito y San Lorenzo de Tucabaca durante la formación a bomberos comunitarios./Foto: Claudia Belaunde

Para responder a un incendio, el tiempo es clave. Municipios como Roboré, San José o San Ignacio se encuentran a más de 4 horas de la capital del departamento, Santa Cruz de la Sierra, lo cual demora el tiempo de respuesta de las brigadas de bomberos forestales formales para controlar un incendio; o que la demora en la respuesta complique las condiciones, por lo que estas brigadas comunales, cada una de ellas conformada por 3 cuadrillas de 6 miembros, son el primer elemento de respuesta y defensa.

“Desde 2018, a través del proyecto ECCOS, venimos fortaleciendo estas actividades, este enfoque de manejo comunitario del fuego, esta construcción de un modelo de gestión de incendios forestales basado en la participación de las comunidades, descentralizando capacidades de primera respuesta en el componente de combate para la atención oportuna de incendios forestales”, asegura Carlos Pinto, gerente de proyectos de manejo de fuego de FAN. Las acciones inmediatas de las cuadrillas comunales reducen el tiempo de respuesta en alrededor de 1 hora, y actúan sobre incendios que están iniciándose.

Roberto Juchasara, instructor de la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) explica el uso de herramientas y técnicas para combatir el fuego a brigadas comunitarias./Foto:Claudia Belaunde

La formación a las cuadrillas se da mediante una instrucción teórica, para luego poner en práctica el uso de herramientas y técnicas para hacer frente al fuego. Durante las actividades, se instruye sobre los elementos que componen un incendio, seguridad, estrategias y uso de herramientas, luego pasa de la teoría a la práctica, con acciones en campo para poner a prueba las capacidades.

“El año pasado lo hacíamos empíricamente, ahora, con los conocimientos técnicos ya sabemos cómo se debe actuar, qué forma tiene el fuego para empezar a manejarlo y poder controlarlo”, comenta Alcides Fernández, quien sabe muy bien lo difícil que es enfrentar un incendio forestal; él junto con otros comunarios, fueron bomberos voluntarios el 2019 y combatieron el fuego en el área protegida Tucabaca con lo que tenían; galones de agua, ramas y tierra. Con los cursos de formación y las herramientas brindadas, actualmente es jefe de cuadrilla, y asegura que el ser bombero forestal responde a una cadena de beneficios, ya que cada acción, se beneficia a otros; en su comunidad como en el resto de la población.

Las cuadrillas de bomberos forestales comunitarios ya respondieron, solo durante el mes de julio de este 2021, 6 incidentes en las localidades de Chochís, Roboré, Santiago, Peniel y Naranjos, controlando la propagación del fuego en un tiempo de alrededor de 12 horas.

“El Bosque Chiquitano está terriblemente amenazado, no solamente por el tema de los incendios y el descontrol que hay por parte de las autoridades en emitir los permisos de quema y controlar realmente que se cumpla la ley, además hay otros sucesos como la sequía, la helada, la falta de agua, que suman y hacen que todo el bosque  sea frágil y ocurra cualquier momento otra catástrofe” afirma Rosa Leny Cuellar, directora técnica de la FCBC y coordinadora general del proyecto ECCOS.

Es bajo este contexto que la participación de las comunidades como primer frente de respuesta es primordial y más valioso que nunca, al conocer el terreno, el bosque y sus características, serán quienes difundirán las capacidades y técnicas de atención a los incendios y el apoyo en quemas controladas, como también el valor de la conservación y protección de los ecosistemas. 

Para los bomberos forestales comunitarios de la Chiquitanía, esta misión es un compromiso de por vida que se contagia; ya que los números crecen con cuadrillas dedicándose no solo al combate directo, sino también a la prevención y la logística, y así, evitar el efecto del fuego en las comunidades y los ecosistemas.

Foto: Claudia Belaunde

9 de julio de 2021

En las últimas dos décadas, los incendios forestales a gran escala se han convertido en la principal causa de la degradación de los bosques en el departamento de Santa Cruz (Bolivia).

En el 2019, los incendios forestales afectaron una superficie de 3.7 millones de hectáreas en el departamento (el 60 % de dicha superficie corresponde a zonas boscosas); y en el 2020, la superficie impactada por el fuego fue de 2.2 millones de hectáreas (58% de la cual corresponde a bosques). En total, en los últimos dos años, se quemaron 5.9 millones de hectáreas en el departamento; y tanto en el 2019 como en el 2020, más del 50% de las zonas afectadas corresponden a bosques.

Sin embargo, no solo la cantidad de hectáreas afectadas por los incendios es alarmante; sino también, el crecimiento progresivo de un gran problema que subyace a los eventos de fuego: la deforestación.

De acuerdo a las investigaciones desarrolladas por el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, en el año 1986, el departamento cruceño tenía una extensión de 29,8 millones de hectáreas de bosque; para el 2019, dicha extensión se redujo a 25,1 millones de hectáreas. De continuar la tendencia actual, se espera que para el 2050, la extensión boscosa cruceña se reduzca a 12,8 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad de los bosques que resguarda el departamento de Santa Cruz actualmente, habrán sido deforestados.

La fragmentación de los bosques no solo aumenta la posibilidad de incendios forestales, sino también, desencadena otras múltiples consecuencias negativas en la vida del ser humano y la biodiversidad; tales como desequilibrios de temperatura, cambios en las temporalidades de lluvia, sequías, afectación a la salud humana y sus actividades de subsistencia, extinción de fauna silvestre, deterioro de los ecosistemas, entre muchos otros más.

5 de julio de 2021

Área de Conservación Ecológica Ñembi Guasu/ Foto:Marco Pinto-MHNNKM

Desde enero, la FCBC y el MHNNKM desarrollaron acciones conjuntas para establecer un sistema de monitoreo y evaluación que contribuya a la restauración del Bosque Seco Chiquitano; teniendo como áreas de trabajo 4 sitios piloto: Área Protegida Municipal Copaibo, Área de Conservación Ecológica Ñembi Guasu, Centro de Estudios Alta Vista y Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil.

Además, el proyecto ha integrado 5 componentes de trabajo: evaluación del impacto de los incendios en la biodiversidad y establecimiento de parcelas de regeneración, instalación de estaciones meteorológicas automáticas, monitoreo remoto para evaluar el impacto de los incendios y proceso de regeneración, involucramiento de la mujer en procesos de investigación y participación local, y generación de espacios interinstitucionales que fortalezcan el proceso de restauración.

El proyecto, en sus tres meses de implementación (enero a marzo), ha generado resultados concretos: se han implementado 4 unidades de monitoreo biofísico constituidas con parcelas de monitoreo (162 en total) y estaciones meteorológicas que incluyen sensores de humedad de suelo; el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano ha desarrollado una herramienta innovadora para las decisiones en restauración, que combina sensores remotos, nuevos algoritmos y tecnología, para la generación de mapas que registren no solo las áreas quemadas sino también, los grados de severidad y los procesos de regeneración en el tiempo.

Así también, se han desarrollado capacitaciones de distintos temas ambientales, que llegaron aproximadamente a 80 personas (la mayoría mujeres), las cuales se constituyen en un grupo núcleo sensible y accesible a participar en algún eslabón de la cadena de restauración; además de ello, 21 estudiantes mujeres fueron beneficiadas para desarrollar investigaciones en 6 grandes temáticas: capacidad de respuesta del bosque a los incendios, evaluación del impacto de los incendios en medios de vida, educación ambiental usando medios innovadores, uso de nuevas tecnologías en censos forestales, impacto de los incendios en mamíferos; y uso de tecnología QR en procesos de concienciación, difusión y conocimiento.

Finalmente, también se concretaron acercamientos e interacciones con otros miembros de la Red de Bosques Modelo, se consolidó el Bosque Modelo Pantanal; y se fortaleció y promovió el involucramiento en iniciativas en curso, como la Red Interinstitucional de Restauración Ecológica de Bolivia.

En definitiva, esto que el proyecto inició, es algo que debe continuar con miras a: consolidar el sistema de monitoreo y evaluación establecido, continuar procesos de apoyo a mujeres investigadoras y gestoras para la restauración, y compartir experiencias efectivas y útiles del proyecto con otros bosques modelo.

Este proyecto ha sido implementado en alianza con la Red Internacional de Bosques Modelo, la Red Latinoamerica de Bosques Modelo, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Chiquitania Sostenible (Bosque Modelo Chiquitano)  y el proyecto ECCOS, co-financiado por la Unión Europea.

Watch this video with subtitles in English to know more about the restoration process in the Chiquitano Model Forest and the accions developed in the project.

10 de junio de 2021

En el 2020, la FCBC cumplió 21 años de trabajo institucional; algunos de sus impactos a lo largo de su trayectoria de trabajo han sido: más de 2 millones de hectáreas protegidas bajo gobernanza local, más de 200 comunidades con acceso a agua segura, más de 280 familias generando ingresos por el aprovechamiento de productos forestales no maderables, más de 2 mil personas locales fortalecidas en sus capacidades técnicas; estos hitos, acompañados de muchos otros logros y aprendizajes más, han moldeado la historia y accionar de la institución.

El 2020 fue un año lleno de desafíos en diferentes niveles, pero también, representó una gran oportunidad de crecimiento y aprendizaje en las 3 líneas estratégicas institucionales: conservación, sustentabilidad y recuperación.

Para conocer más acerca de todas las actividades que desarrolló la FCBC durante el año pasado, te invitamos a leer el informe anual 2020.

1 de junio de 2021

22 de abril de 2021

Por: Carla Pinto Herrera / FCBC

“La gente que quiere meterse acá, nunca ha vivido acá; nosotros somos nacidos acá, criados acá, y aquí nos vamos a morir, y nosotros tenemos derechos”, dice decididamente una habitante de la comunidad Picaflor, momentos antes de que esta comunidad de origen guarasugwe, compuesta por 16 familias de una etnia en un estado alto de vulnerabilidad, diera su visto bueno para concretar un sueño: la creación del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco, ubicada en el oriente de Bolivia.

Picaflor; al igual que las otras tres comunidades indígenas —Piso Firme, Porvenir y Florida— que componen la nueva área protegida ignaciana del departamento de Santa Cruz; reconocía los riesgos que acechaban sus alrededores: asentamientos humanos ilegales, deforestación, incendios forestales, aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales, entre otros; y en noviembre de 2020, para cuando el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSC), el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco (GAM-SIV) y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) realizaron la segunda socialización de la propuesta de creación del área protegida municipal a las 4 comunidades indígenas, estas aceptaron de manera unánime.

Este hecho histórico no se articuló de la noche a la mañana. La creación de esta área protegida de casi un millón de hectáreas (983.006 ha) responde a años de coordinación, planificación y consultas que la Dirección de Recursos Naturales del GADSC, el municipio de San Ignacio de Velasco y la FCBC, venían desarrollando conjuntamente.

Con altas expectativas y hasta un poco de nerviosismo, el equipo técnico resumió sus esfuerzos de más de cinco años en un viaje que tuvo lugar a finales de noviembre de 2020; sin embargo, es el 12 febrero de 2021, cuando el ejecutivo del municipio de San Ignacio de Velasco promulga al Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco como ley, que recién se canta victoria.

Asistentes de la reunión que se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2020 en la comunidad Florida.

Parte de la zona que en 1988, mediante Decreto Supremo, fue bautizada como “Reserva Forestal Bajo Paraguá”, ahora, mediante el simbolismo de un papel firmado, que representa la voluntad y un deseo profundo de conservación de centenares de rostros y corazones, es categorizada como un Área Natural de Manejo Integrado Municipal. La ley N° 469/2021 no es una ley cualquiera, es la representación de un logro articulado que nació de un anhelo de proteger los recursos silvestres, el bosque, el agua y el futuro.

“Lo vemos como una garantía para todos los comunarios y prevenir los asentamientos”, comenta Cándido Dorbigny Sosa, secretario de tierra y territorio de la Central Indígena Bajo Paraguá; él, al igual que Rolvis Pérez Ribera, cacique de iniciativas productivas de la comunidad Porvenir, reconoce la presión que existe alrededor de Bajo Paraguá y son conscientes del papel que juega la conservación y el desarrollo sostenible en la zona. Ambos coinciden y reflejan la sensación general de muchos comunarios, la creación del área es una garantía.

La ley N° 469/2021 con la que se crea el área protegida en San Ignacio de Velasco,  combinada con la Ley N° 124/2021, promulgada en marzo de 2021, con la cual se crea el ‘Parque Natural Municipal Bajo Paraguá- Concepción’ (154.368 ha.), garantizará que la Reserva Forestal del Bajo Paraguá, que se encuentra en un muy buen estado estado de conservación, no corra la misma suerte que la Reserva Forestal El Choré, la primera reserva forestal de Bolivia, que —a pesar de su riqueza en recursos forestales y de ser declarada una reserva—, en sus primeros 34 años de vida, alcanzó una superficie deforestada de 600.000 hectáreas y que ahora, en sus casi 55 años de edad, haya sido cercenada debido a fuertes problemas sociales; aceptando que cierta parte de su extensión inicial sea destinada para otro tipo de usos, hecho que redujo el espacio de protección inicial y solo agravó la deforestación de la zona.

Mientras Bajo Paraguá deja deslumbradas a las personas que se adentran en sus entrañas, la vida que mantiene y protege en su interior, sigue su curso. Más de 1.200 especies de vertebrados tienen por casa a esta región; incluyendo al felino más grande de América: el jaguar (Panthera onca).

La alta densidad poblacional de este animal es un indicio del buen estado de conservación de la zona y demuestra el papel crucial que cumple como corredor de conectividad entre diferentes áreas naturales de vital importancia. El Parque Nacional Noel Kempff Mercado (un patrimonio natural de la humanidad), y el Área Protegida Municipal Copaibo son vecinas de la región; a su vez, estas dos áreas protegidas colindan con otros espacios de conservación; lo que quiere decir que el haber enmarcado al Bajo Paraguá bajo una figura de área protegida, representó hacer encajar una pieza faltante en un rompecabezas de protección.

Un bloque de conservación transfronterizo compuesto por 7 áreas protegidas.

El bloque de conservación va desde la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural Ríos Blanco y Negro, ubicada al norte de Santa Cruz, hasta el Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, ubicado en el Mato Grosso de Brasil; aunque las áreas protegidas tienen tuiciones independientes en cada país (Bolivia y Brasil), la biodiversidad no reconoce fronteras; así que toda la franja de conservación que en total unen a siete áreas protegidas, forman un corredor transfronterizo de más de 5 millones de hectáreas donde fluye la vida.

El reino animal que habita el área protegida es vasto, pero, Bajo Paraguá es generalmente reconocida por un ser vivo que no posee ojos: sus especies forestales; hasta el 2012, 79 especies de árboles, arbustos y palmeras con uso forestal y no forestal fueron identificadas. El árbol no tiene potencial solo en su madera, eso lo saben bien los comunarios; el aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables, como el asaí, representa un medio de vida también.  “El asaí ha significado que la gente vuelva al pueblo”, dice Rolvis Pérez de la comunidad Porvenir, quien recuerda que luego del aprovechamiento del palmito, se necesitaba crear una nueva fuente de ingreso económico para la gente, ya que había empezado a irse de la comunidad por necesidad. El asaí (Euterpe precatoria) es conocido por el aprovechamiento de su pulpa, sin embargo, no es lo único que se puede aprovechar de esta palmera; las hojas también son aprovechables; y los comunarios ya tienen proyectos para usarlas como materia prima para platos biodegradables.

Sin lugar a duda, Bajo Paraguá es un tesoro natural invaluable; pero también, en sus adentros, conserva de manera dedicada un bien intangible que no es replicable: la cultura de sus cuatro comunidades. Piso Firme, Florida y Porvenir mantienen una cultura chiquitana viva; mientras que Picaflor, resguarda su identidad guarasugwe. Las más de 130 familias que se distribuyen a lo largo y ancho de la nueva área protegida, tienen una relación estrecha con su territorio y recursos naturales; así que, proteger su entorno, es, en definitiva, asegurar su subsistencia también.

Vista aérea de la comunidad indígena chiquitana Piso Firme, comunidad ubicada  a 485 km de la ciudad de Santa Cruz.

“Para mí, es muy importante realizar esta área protegida, llegar hasta la consolidación, como también a la gestión que se viene adelante; para que nuestra población de aquí en adelante pueda tener alimentación, pueda tener agua y pueda tener una mejor vida”; afirma Hermán Vaca Poñé, jefe de la Unidad de Conservación y Áreas Protegidas municipales de San Ignacio de Velasco, a orillas del río Paraguá, una tarde del 24 de noviembre, horas antes de hacer una exposición para que la comunidad Porvenir aceptara la creación del área protegida en este municipio.

Las realidades que tocarán enfrentar

Para el 2020, de acuerdo a datos del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano (OBSCh) de la FCBC, San Ignacio de Velasco fue el municipio con la cicatriz más grande de incendios; mientras que el área protegida más afectada en relación a su tamaño, fue el Área Protegida Municipal Copaibo (Concepción), cuya cicatriz por los incendios se extiende en el 56, 5% de su superficie; y el área protegida con mayor extensión de hectáreas quemadas, fue el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (San Ignacio de Velasco), con 211 mil hectáreas afectadas por el fuego.

La realidad de los eventos de fuego a la cual está expuesta la región del Bajo Paraguá, es dura, sumado a eso, la pérdida de cobertura natural que está ocurriendo en las propias áreas protegidas del departamento cruceño no es un escenario alentador. En un estudio del OBSCh publicado el 2020, de seguir con las tendencias registradas entre 1984-2019, los 11,7 millones de hectáreas de bosque en las áreas protegidas cruceñas, quedarían reducidos a 6,3 millones de hectáreas para el 2050.

Así también, los asentamientos humanos ilegales, no son un hecho infundado o lejano a la realidad. En abril de 2021, una comisión conformada por autoridades y técnicos que realizaban las respectivas señalizaciones del área protegida creada en San Ignacio de Velasco, se cruzó con un grupo de aproximadamente 100 colonos presuntamente ilegales, quienes decían que existen 7 comunidades (no originarias) más que están asentadas dentro del área; aunque estos datos necesitan una validación oficial, las amenazas y presiones a la región son reales y necesitan acciones concretas y oportunas, donde converge una buena gestión pública, apoyo técnico institucional y la apropiación y defensa de los territorios de parte de la sociedad civil organizada.

Bajo Paraguá dio el gran paso de convertirse en área protegida, ahora toca luchar para mantenerla con vida.

Foto de portada y foto de vista aérea de la comunidad Piso Firme: Daniel Coimbra / Fotos del cuerpo de la nota (menos la aérea): Carla Pinto Herrera